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20 de agosto de 2018

OPINIÓN: Hacia una sociedad más justa y mejor

Geoconda Navarrete Arratia
Intendente de Aysén

Hace ya veinte años en Chile fue promulgada una nueva ley de filiación, la que entró en vigencia un año después, poniendo de esta manera término a una añosa discriminación establecida en 1855, que distinguía entre hijos legítimos, ilegítimos y naturales. Sin duda, la Ley 19.585 implicó en su momento un cambio de paradigma y un gran avance en materia de reconocimiento de los derechos civiles, poniendo en un mismo plano a todas las personas, independiente de la situación contractual de sus progenitores.

Con dicha norma legal comenzó a desaparecer del hablar común el ofensivo término “huacho”, tan utilizado en todos los niveles socioculturales de nuestro país para referirse a los hijos nacidos fuera del matrimonio civil. En esa misma línea de reconocimiento de derechos, esta semana el Presidente de la República Sebastián Piñera firmó un proyecto de ley que recoge una sentida necesidad de la ciudadanía, como es dignificar a los hijos gestados y nacidos muertos, quienes por una omisión administrativa carecían de todo reconocimiento legal de su existencia, siendo inhumados bajo la categoría de NN, impidiéndoles a sus padres sepultar sus restos mortales con nombre y apellidos, como cualquier persona.

En concordancia con la valoración que Chile Vamos sostiene sobre el comienzo y el final de la vida humana –apreciándola como tal desde la concepción hasta que ella se extinga de manera natural o accidental–, no es posible seguir abstrayéndose del hecho cierto que un ser intrauterino debe ser reconocido como persona ya desde esa temprana etapa. Por ello, apoyamos el proyecto del Ejecutivo que reconoce a los padres el derecho a inscribir en el Registro Civil a sus hijos mortinatos con sus nombres y apellidos, acción que busca hacer más llevable la pérdida, y que se condice con el compromiso de nuestro Gobierno con la vida humana y la familia.

En este mismo tenor, el Presidente también firmó otros dos proyectos de ley pro familia; el primero de ellos se refiere a la Sala Cuna Universal, orientado a favorecer a los niños, sus madres y la familia; mientras que el segundo aborda el trabajo a distancia, proyecto que permitirá brindar mayores facilidades laborales a los trabajadores, según las características del empleo; además de reconocer, regular y proteger el trabajo a distancia, explicó el Mandatario.

La Sala Cuna Universal pone fin a la discriminación legal que hasta hoy solo reconocía el derecho a sala cuna a las madres que trabajaban en empresas con más de 20 mujeres. Además, el proyecto amplía ese derecho a los padres que tengan la tuición legal de sus hijos menores de dos años. Mediante esta iniciativa, unas 250 mil mujeres podrán acceder a este beneficio, tanto en establecimientos públicos como privados. Para ello, el Estado proveerá un aporte de 245 mil pesos mensuales, más el valor de la matrícula por cada niño entre seis meses y dos años de edad. El costo será financiado por un fondo solidario constituido por los empleadores –independiente de la cantidad de mujeres contratadas– y por los propios trabajadores de ambos sexos.

Por su parte, el proyecto de Ley de Trabajo a Distancia se enmarca en los objetivos gubernamentales de crear más y buenos empleos, y de mejorar los salarios. Tal como explicó el Presidente durante su presentación, se busca otorgar a los trabajadores las herramientas y medidas de seguridad necesarias para el desarrollo laboral desde sus hogares, compatibilizando de manera más armónica los mundos laborales y familiares, así como la práctica deportiva, el esparcimiento y la cultura.

Este tipo de jornada laboral –consensuada entre empleadores y trabajadores– ya ha sido implementada con éxito en otros países, donde casi la mitad de las personas trabajan a distancia, contribuyendo al cuidado del medio ambiente, al disminuir la congestión urbana y la contaminación atmosférica; cuestión que sería un gran aporte para nuestra región, en especial, para Coyhaique. Además de los empleos a los que podrán acceder muchos de nuestros trabajadores, sin moverse de la Patagonia.